Cárcel de San Miguel, el incendio del 8 de febrero 2010: 

Una lección de la que no aprendimos nada

A un año de la mayor tragedia acontecida a nivel nacional, donde falleció la mayor cantidad de personas en un hecho ajeno a la naturaleza, se desencadenan una amplia baraja de esta miseria, desde las reformas penales, el mejoramiento de infraestructura penitenciaria,  alineamiento social, profesionalización de gendarmería, hasta los gallitos políticos. 

Si bien, no era la primera vez que la Cárcel de San Miguel se enfrentaba a situaciones críticas, muertes, riñas y penurias, el 8 de diciembre del 2010, el incendio provocado intencionalmente por el Frafrá y el Aguja, marcó la historia penitenciaria de nuestro país con 81 reos muertos, 16 heridos y más de 200 evacuados. 

En 1982, es el comienzo de la trayectoria de esta cuna de desventuras, justo en el Gobierno de Augusto Pinochet,  se inaugura entonces, el recinto penitenciario que a casi 30 años de su iniciación ya tiene un currículo fatídico a lo largo de su existencia. Nueve años más tarde de la inauguración de la cárcel, el lugar es sede del primer motín que impondría el historial de San Miguel, y esto no es coincidencia, porque aquí habitan los reos más jóvenes de la Región Metropolitana y que acusan el mayor grado de agresividad. En el 2000, se desencadena la primera gran tragedia del recinto, producto de un incendio provocado por los mismos internos de la torre dos, lo que deja un saldo de 7 reos muertos. En el 2002, el Gobierno de Ricardo Lagos anuncia por medio de José Antonio Gómez, ex Ministro de Justicia, el cierre de la cárcel, advertencia que no llegó a ningún hecho. En el 2003, una riña entre reclusos, deja 2 fallecidos.  

Con el antecedente expuesto sobre la mesa, y a sabiendas del porcentaje de hacinamiento de este recinto penitenciario, que hace un año era de un 100%, y que según fuentes de Gendarmería, hoy se ha logrado reducir entre un 30% a 40%, el desenlace se plantea por sí mismo, o sea, analizar si esta tragedia sirvió para proponer verdaderas mejoras del sistema penitenciario en Chile, y  revisar los cambios concretos que se han efectuado en la Cárcel de San Miguel. 

Gendarmería y sus bifurcaciones 

Max Laulié, periodista de comunicaciones de Gendarmería, despliega un apunte ejercitado de los avances realizados desde el incendio. Así, días después de la tragedia, se sacaron 300 reos, se retiraron los cilindros de gas y cocinillas, se dobló la ración de alimentos diaria incluyendo una merienda en la tarde, medida tomada en todos los recintos penitenciarios. Además, se invirtieron 2.500 millones de pesos para arreglar las redes húmedas de 7 unidades penales de la Región Metropolitana, incluida la Cárcel San Miguel, lo mismo se efectuó con el sistema eléctrico. Se invirtieron 3.000 millones de pesos para implementos especiales contra incendio (antes se destinaba una cifra marginal para estos gastos) y se capacita a los gendarmes para situaciones de fuego. 

A fin de este año, estipula Laulié “habrá 1.000 nuevos funcionarios, y por lo bajo, llegarán 20 de estos a la Cárcel San Miguel”. Conjuntamente, se está llevando a cabo una transición de cárcel de hombres a una mixta, para posteriormente transformarla en femenina. Sesenta reos fueron reubicados en Colina 2 y 368 en la Ex Penitenciaría, llegando a los 1.200 reos en la Cárcel de  San Miguel. Actualmente, San Miguel tiene una capacidad máxima de 900 a 1000 internos aproximadamente. Cuando se concrete la transformación, y quede como penal femenino, llegará a esta capacidad idónea. Finalmente, y no menor, fueron las modificaciones a la Ley 18.216, la que regula las medidas alternativas a la reclusión nocturna, libertad vigilada, la remisión condicional de la pena y la firma.

Entrevista a Max Laulié, periodista de comunicaciones de Gendarmería.

La visión de Gendarmería como institución, es positiva en comparación a las variantes que confluyen en el rubro. Las dos asociaciones vinculadas a Gendarmería, la ANSOG, Asociación Nacional de Sub Oficiales de Gendarmería y la ANOP, Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, aunque inversamente opuestos entre ellas, se manifiestan bastante disconformes con las respuestas entregadas tanto de parte de Gendarmería como del Estado de Chile. 

Juan Alarcón, presidente de la ANSOG, esgrime con audacia “No se aumentó la cantidad de gendarmes posterior al incendio en la Cárcel San Miguel. Las normas internacionales aconsejan que por gendarme, existan cerca de 5 reos a su responsabilidad. Todo responde a que lamentablemente, Gendarmería está sujeto al Gobierno de turno, al cuoteo y a todo lo nefasto que eso puede significar. Entonces, el cargo genera más trabas que avances”.

El 2008 y 2009, se movilizó una histórica marcha de gendarmes, denunciando el hacinamiento y el mal trato hacia ellos. Ante esto se pronuncia Alarcón: “Es el Estado el que debe otorgar la cantidad de funcionarios necesarios para el sistema penal, y si hay corrupción, es debido a la ineptitud y la ceguera que tuvieron en el año 2003 al bajarle el sueldo a los gendarmes. Todo esto demuestra la crisis del sistema penitenciario chileno y nada ha cambiado, todo sigue exactamente igual. Lo único que comprobó el incendio, es que las autoridades políticas siempre van a querer limpiar su imagen y que los gendarmes pagamos los platos rotos”. Sin titubear, el presidente de ANSOG, sentencia que en la obra gruesa de la cárcel, no se han hecho grandes cambios: “Se limpió y se repararon los baños y algún metal que se haya deformado producto del calor, pero sigue funcionando el reciento. Además, nosotros hemos recorrido el país y no vemos ninguna cárcel modular de las prometidas hasta el momento”.

Entrevista a Juan Alarcón, Presidente de la ANSOG.

Por su parte, José Maldonado propone desde la siguiente interrogante: ¿Estado garantista o eficaz?, un ensanchamiento arduo de un replanteamiento social en la noción criminal, tanto en los derechos de los reos, como de sus familias, el derecho de los gendarmes, como el de la seguridad de los chilenos. Así, la primera base de esto es “determinar que es la política criminal en Chile y la política penitenciaria”. El problema queda estrangulado entre las paredes del criterio judicial y político, es decir, la contrariedad está en que hay mucha gente en la cárcel que no ha tenido un juicio y esto mismo provoca el hacinamiento.

Comandante José Maldonado, Presidente de la ANOP.

Por otro lado, colocando los puntos sobre la íes, Maldonado afirma que otro conflicto dentro del sistema penal, es la separación de los condenados versus los imputados, el cual queda a discernimiento de los propios gendarmes, porque no hay normas establecidas en la Ley chilena. Por último, en cuanto a los gallitos políticos, y aquí si coinciden las opiniones de ambas organizaciones, como a nivel latinoamericano Chile y su supuesta política penitenciaria está muy bien posicionada, lo que le otorga a la nación una carga valórica de servicio país, el cargo de Director Nacional de Gendarmería, termina en manos de quién no está preparado para efectuarlo, porque no es un puesto diplomático, sino de habilidades técnicas y prácticas, que sólo los que han pertenecido a gendarmería son capaces de comprender, asegura el presidente de la ANOP. 

El proceso legal: ¿Los dejaron morir? 

El Abogado Carlos Quezada, en 15 minutos (literalmente), despliega punzante el proceso que se ha venido desarrollando hace casi un año. Primero, las demandas civiles, que incumben a la reparación patrimonial por parte del Estado, por el error cometido por falta de servicio, y que suman cien mil millones de pesos, siguen en juicio. 

Segundo, la demanda penal, que corresponden a 81 querellas criminales y tienen directa relación con las responsabilidades penales de los gendarmes, han fallado hasta el momento en siete gendarmes formalizados, por delito de homicidio por omisión y cuasi delito de homicidio, llevado por el fiscal de la zona sur, Raúl Guzmán, en compañía de un equipo de fiscales que lo encabeza Patricio Vergara, quién está determinando las responsabilidades civiles de otras personas, particularmente personal civil de gendarmería, en el resultado de muerte de las 81 personas, bajo el criterio que es el Estado el que está obligado a entregar un servicio y no lo hizo. El 8 de diciembre de 2010 se inició la primera querella y en mayo fueron formalizados. La investigación estará abierta hasta por lo menos mayo del 2012. La corte dijo que aún no existen antecedentes para configurar el delito de homicidio por omisión, en cambio sí por cuasi delito, porque este ocurre por culpa, en cambio el  delito de homicidio por omisión, es dejar morir pudiendo haber salvado. 

Carlos Quezada, abogado de una veitena de familiares de víctimas del incedio.

En marzo pasado, se pondría una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos "para que Chile sea obligado por organismos internacionales, a tomar las medidas tendientes a lograr un régimen penitenciario, que sea digno respecto de los reclusos". Este requerimiento se está trabajando, pero para llegar a la Corte Interamericana, se tiene que tener agotadas todas las instancias en Chile para que intervenga esta Corte, porque sólo en caso que el Estado chileno no cumpliera algún requerimiento, como la infraestructura que se solicitó y que Felipe Bulnes, “se encargó avivadamente  de implementar para dejarnos a nosotros y a la UDP, sin alternativas para recurrir al recurso de la Corte”. 

Hay además, una batería de proyectos que mandó el ex ministro Bulnes y que ahora la carga Rivera, que buscan evitar un trámite político que existe en cuanto a la concesión a beneficio. Es decir, cuando una persona quiere un beneficio y está condenada va a una comisión de la corte de apelaciones, y si esta la acepta, se va a la Seremi y este es quién concede finalmente el beneficio. Pero, en un 95% de los casos son rechazados, porque “a la autoridad política no le interesa vincularse con la delincuencia”. Ahora está en trámite de eliminación  la Seremi, lo que tendría altas repercusiones en el incremento de los beneficios, “porque las cortes son más objetivas”, sentencia el abogado. 

Por último, referente a la transformación de San Miguel a la de una cárcel de mujeres, Quezada hostiga a las autoridades afirmando que tomando en cuenta el antecedente de este recinto penitenciario, sumado a sus características físicas y el peso emocional que tiene el lugar, el espacio no está preparado para enfrentarse a este cambio, lo que es más grave aún,.Esto es un reconocimiento tácito de que el recinto no puede seguir funcionando como cárcel. Así, aunque la autoridad piense que amortiguando los baches con una población femenina, supuestamente más tranquila, la decisión de Rivera y Hinzpeter “son probablemente, las dos torpezas más grande que se ha escuchado en materia penitenciaria”. 

Un caso mediático, varios canales multados

El incendio de la Cárcel de San Miguel, no es secreto para nadie que fue uno de los casos de mayor connotación mediática a nivel nacional. Por lo mismo, el Consejo Nacional de Televisión multó con 200 UTM a TVN, Megavisión, Chilevisión y Canal 13, por mostrar imágenes truculentas y sensacionalistas durante la tragedia, infracción al artículo 1º y 3º de las normas generales sobre contenidos de las emisiones de televisión, intromisión y sobre exposición de un estado de extrema vulnerabilidad emocional, reiteración de las imágenes de dolor, seguimiento intrusivo, e insistencia de los periodistas.

Germán Mansilla, Supervisor del Consejo Nacional de Televisión.

Al respecto, Germán Mansilla, jefe del departamento supervisor del CNTV, compara hechos de igual magnitud en cuanto a su carácter dramático y responde a la indolencia del cuarto poder.

Finalmente, acabáramos diciendo que entre comentarios, réplicas y cotilleos, el escarmiento no ha dejado enseñanza, sólo procesos judiciales desaparecidos de las pantallas y el ruido mediático. Y aunque, el 24 del pasado noviembre se celebró el Aniversario 81 de Gendarmería de Chile, donde se efectuó una misa ecuménica, encabezada por el Ministro de Justicia, Teodoro Rivera y el Director Nacional, Luis Masferrer, y el 8 de diciembre próximo se celebre el aniversario del fatídico incendio que se llevó la vida de 81 reos, la conclusión termina como comenzó. Ésta es: “una lección de la que no aprendimos nada”. 

Entrevista completa al Comandante José Maldonado, Presidente de la ANOP. 

Por Isabel Moraga, Karina Sánchez y Cristóbal Stevenson